La Contraloría General de la República emitió un informe de Orientación de oficio en el que ha detectado que beneficiarios de Reactiva Perú con RUC inválidos y otros que han recibido el doble de beneficios.
El documento fue presentado a Cofide el viernes 19 de junio, al gerente general Gerardo Freiberg, la Contraloría detalla que se ha encontrado la inconsistencia entre los beneficiarios de Reactiva Perú. La evaluación se realizó entre el 21 de abril y el 16 de junio, dándose plazo de 10 días para que emita el plan de acción.
Entre los hallazgos de una muestra a créditos canalizados a través de Cofide, la Contraloría encontró primero RUC inválidos.
En la data de certificados emitidos del 15 al 28 de mayo de 2020 se identificó, información de empresas beneficiarias con números de documento de identidad de deudor, Registro Único de Contribuyente (RUC) que no existen, según la búsqueda en la base de datos de SUNAT.
De la misma manera, la Contraloría identificó que hay personas que son doblemente beneficiarias al programa de Reactiva. En ambos casos, son los analizados en la cartera de créditos emitidos en el BCP.
No se trata de una duplicidad de registros, dado que el número de certificados para la entrega de los créditos son distintos.
La Contraloría sostiene que ambas situaciones expuestas, contravendrían lo dispuesto en el programa de Reactiva Perú.
Ante ello, analiza la necesidad de implementar controles automatizados a través de plataforma tecnológica, en dicha supervisión encuentra que no se evidenció participación del Departamento de Tecnologías de la Información o Gerencia de Riesgos en el diseño de la herramienta tecnológica que se viene utilizando.
Tampoco, se ha culminado la definición y formalización del pedido de la plataforma tecnológica que atienda la admisión de nuevos certificados de cobertura – Reactiva 2.
“La ausencia de herramientas tecnológicas, que incluya el desarrollo de controles con diseños adecuados destinados a validar la información de manera previa al otorgamiento de las garantías, y asegurando la segregación de funciones tanto en el diseño como en la aplicación de los mismos, genera el riesgo de admitir operaciones y el consiguiente otorgamiento de coberturas del Gobierno respecto a beneficiarios que incumplan los criterios de elegibilidad; afectando el cumplimiento de los objetivos del programa y reduciendo el impacto esperado en la economía nacional”, detalla en el Informe de Oficio.